El Gobierno recorta a eléctricas y renovables para evitar subidas de la luz

Industria pedirá un crédito de 2.200 millones para cubrir el aumento de las primas a las renovables, recorta algunos costes modificando la fórmula en que se revisan anualmente y obliga a las empresas de renovables a elegir de forma definitiva entre las dos opciones de retribución.

El ministro de Industria, José Manuel Soria.

A la espera de que llegue por fin la reforma del sistema eléctrico que el Gobierno ha ido retrasando desde hace meses, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy varias medidas urgentes para frenar nuevas subidas del recibo de la luz, en un momento en que el aumento de los costes eléctricos y la caída de los ingresos por la menor demanda empujan a ello. Unas medidas que permitirían, según los cálculos gubernamentales, permitirán un ahorro al sistema eléctrico de entre 600 y más de 800 millones de euros.

El Ministerio de Industria intenta contener el déficit de tarifa (el desfase entre lo que cuesta generar la electricidad y los ingresos de la factura de la luz) y lo hace con dos medidas simultáneas: la solicitud de un crédito extraordinario de 2.200 millones para cubrir el pago de las primas del régimen general (entre ellas las renovables) y un recorte de los costes regulados modificando la forma en que se actualizan anualmente.

El Gobierno impulsa un proyecto de ley, remitido ya al Consejo de Estado, que permitirá a Industria pueda solicitar un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros con el que se cubrirían los posibles desfases de las primas que reciben las energías acogidas al régimen especial (renovables y cogeneración), según ha anunciado hoy el ministro José Manuel Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que con ello se trata de evitar que esos desfases se traduzcan en subidas del recibo que pagan los ciudadanos.

Recorte para todos
En paralelo, el Ejecutivo ha dado luz verde a un real decreto que implicará un recorte de los ingresos tanto de las compañías eléctricas tradicionales como de las renovables. Por un lado, se reforma la manera en que se calcula la actualización anual de los costes de las actividades reguladas (transporte de electricidad, distribución, costes extrapeninsulares y primas). Hasta ahora se actualizaban anualmente en función del IPC general y ahora se vinculará a la inflación subyacente (la de los productos menos volátiles, todos menos energía y alimentos elaborados) y a precios constantes. Según Soria, esta medida permitirá un ahorro al sistema eléctrico de entre 330 y 340 millones de euros.

Asimismo, el Gobierno obligará a las compañías de energías renovables a elegir a qué tipo de retribución quiere acogerse. Hasta ahora las compañías podrían elegir entre una tarifa fija regulada y un precio de mercado sin prima, y se acogían a la que más rentable le resultaba en cada momento. Pero el Ejecutivo les hace optar de forma definitiva entre una de las dos fórmulas de retribución. Un cambio que, en función de cuántas compañías se acojan a uno u otro sistema, permitiría un ahorro entre 250 y 500 millones de euros.