Estos sobrecostes, que han sido calculados a partir de datos de Red Eléctrica y de la Comisión Nacional de la Energía, son consecuencia de no ceñirse al 100% a lo fijado en la metodología de cálculo del incentivo a la inversión en cuanto al índice de cobertura. La razón es que desde 2010 y debido al descenso de la demanda eléctrica, los índices de cobertura de los últimos años han presentado valores muy altos. Por tanto, si se hubiese aplicado la metodología de cálculo definida en la normativa vigente, los ciclos combinados puestos en marcha desde 2010 no hubieran tenido derecho a recibir este incentivo.
El sobrecoste por haber obviado este este baremo de la orden sobre los índices de cobertura es de 43 millones en 2010, de 44,1 millones en 2011, de 54 millones en 2012 y de 58 millones en este año. A esto hay que añadir que el Gobierno aprobó en 2011 un alza en los incentivos a la inversión que reciben estas plantas para compensar el efecto de la prioridad que se fijó para el carbón nacional. Las eléctricas debían de comprar de forma obligatoria el mineral autóctono, lo que penalizó a las plantas de gas, ya muy castigadas por la alta penetración de las energías renovables. Así, el Ministerio de Industria elevó hasta los 26.000 euros por megavatio el incentivo a la inversión y justificó que estas plantas son necesarias para la seguridad del suministro en los momentos en los que las renovables no responden (por la falta de viento u horas de sol). Sin embargo, de acuerdo a la orden anterior que fijaba el incentivo a la inversión, esta prima quedaba fijada de acuerdo al índice de cobertura existente y era fijo para los 10 años del derecho de recepción, por lo que los posteriores incrementos sólo se tendrían que haber aplicado a los ciclos puestos en marcha desde, en este caso diciembre de 2011, y no sobre todo el parque existente. Por este concepto, las plantas de gas recibieron un exceso de retribución de 98 millones en 2012 y de 120 millones en 2013.
Comienza a vencer el plazo Según la legislación, los ciclos dejan de percibir el incentivo a la inversión a los 10 años de su puesta en marcha y este año comienza a vencer el plazo. El ahorro previsto para el sistema por estos menores incentivos según la normativa vigente asciende a 600 millones hasta el 2020. Sin embargo, el Gobierno está trabajando de nuevo en una solución para estas plantas y una de las alternativas que se baraja es que sean las renovables quienes financien parte de estos incentivos al gas a modo de asegurar su capacidad. Otra de las opciones es hibernar parte de estas plantas, pero también de las tecnologías solares.
Noticia extraída de El Economista
No hay comentarios:
Publicar un comentario